Delitos proxy: cómo el Big Data puede torcer la ley

Se usa el término “proxy” para referirse a fenómenos que sustituyen a otros en el cumplimiento de alguna función. Por ejemplo, suele hablarse de “guerras proxy” para referirse a las guerras subsidiarias entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la guerra fría. No se enfrentaban, en ellas, yanquis y rusos directamente, sino que lo hacían apoyando bandos opuestos en conflictos bélicos en que estuvieran en juego sus esferas de influencia. Las guerras en Corea, Vietnam y Afganistán fueron fenómenos sustitutos, que cumplían la función de enfrentar el capitalismo norteamericano al socialismo soviético, en algo así como una tercerización de la guerra. En informática, se habla de servidores proxy para referirse a los dispositivos que representan clientes en la petición de recursos. En lugar de que el cliente le pida el recurso directamente al servidor, se lo pide al proxy, que hace de intermediario, y se vuelve el sustituto que cumple con la función del cliente.

    No son pocas las veces en que un fenómeno se usa para cumplir las intenciones u objetivos de otro, cumpliendo el papel de sustituto. En el ámbito legal, tenemos el ejemplo del famoso gángster Al Capone, la estrella de la mafia de Chicago, que lo mandaron a Alcatraz después de meterlo en cana por evasión de impuestos. Claro, no encontraban pruebas suficientes para ligarlo con el volumen de muertes y de contrabando por el cual querían juzgarlo, pero sí para encarcelarlo por evasión fiscal. En este caso, la evasión fiscal fue el delito proxy, que sustituía, para el estado de Chicago y los enemigos del Hampa, a los juicios por actividades mafiosas faltas de evidencia. Además de sustituir actividades delictivas para las cuales se carece de evidencia conclusiva, el delito proxy puede ser un proxy de cualquier asunto por el cual pretenda juzgarse a una persona. Hace unos años, en el juicio político a Dilma Rousseff, diversos miembros del senado que votaron su destitución admitían abiertamente que el asunto en juego no era realmente si había habido o no corrupción en Petrobras, sino cómo estaba funcionando la macroeconomía. La corrupción, dicho sea de paso, es un delito proxy paradigmático en nuestro continente que fue utilizado varias veces como sustituto de otros motivos de persecución, relacionados a intereses políticos o distribuciones de poder.

    ¿Por qué es tan importante ahora el delito proxy? Por dos motivos. En primer lugar, estamos viviendo hoy en día el auge de un oligopolio de empresas dedicadas a las comunicaciones, con potestad (potestad que solamente tienen ellas) de tener acceso a la mensajería y la actividad en línea de una gran porción de la población. En segundo lugar, un hecho, que es que muchísima gente, a lo largo de su vida, cometió algún delito menor que pasó bajo el radar de la ley de su país, pero que es información accesible para este grupo de empresas. La conjunción de estos dos fenómenos vuelve al delito proxy una institución que permitiría, si estas tendencias continúan, dar de facto, a ciertos grupos reducidos y que nadie votó, el poder de usar el poder coercitivo y penal del estado, arbitrariamente, sobre una amplia porción de la población.

    ¿Querés meter preso a alguien porque sabés que es malvado? ¿Hay un candidato político que va en contra de tu agenda? ¿Tu vecino te miró mal? Si formás parte de este oligopolio, muy probablemente tenés el poder de, con mecanismos perfectamente legales y sin necesidad de mentir, confabular o romper alguna regla, juzgarlo y ponerlo tras las rejas. Basta usar como proxy alguno de esos delitos menores que nunca había sido juzgado y presentar la evidencia ante la justicia mediante los canales apropiados. Listo, sos un ciudadano correcto y honesto con un poder que pone en jaque al mismísimo estado de derecho. ¿O en realidad no? Si al final el delito proxy fue efectivamente cometido, parece que entonces  el estado de derecho se sigue respetando. Evidentemente ahí hay una pregunta interesante.

    Si es tan legal el método de juzgar mediante un proxy, y al final sí cometiste ese delito que funciona de proxy ¿qué importa cuáles eran las intenciones por detrás? Pero si salieran a la luz todos esos delitos menores de todo el mundo, ¿se los juzgaría a todos? ¿o hay algo en la escasez que garantiza llevar el juicio a término? Al ser privativa la información, es decir, que hay muchísima información que sólo es accesible a un grupo en particular, en el contexto de un sistema que venía castigando un bajo porcentaje de los delitos menores, la decisión de castigar o no, en la práctica, pasa a depender en muchos casos de estos nuevos panópticos. ¿estamos, entonces, ante una situación legal injusta? ¿si fuera así y quisiéramos evitarlo, deberíamos cambiar el sistema legal y penal? ¿o sería, en su lugar, un problema principalmente de asimetría económica?