¿Quién tiene mis datos? Redes, internet, coronavirus y las políticas que nos debemos

El avance del Covid-19 se da en un marco donde la tecnología y la información adquieren, como nunca antes, un valor sustancial en el desarrollo económico y social del capitalismo a nivel global. Hoy los datos se han convertido en el bien más codiciado. El desarrollo de internet posibilita el acceso de grandes empresas a una cantidad innumerable de información que puede ser segmentada y procesada en cuestión de segundos. En el contexto de una pandemia, la pregunta acerca de qué papel juegan los datos, quién se los apropia y con qué fines, adquiere una gran relevancia a la hora de elaborar propuestas y alternativas políticas para un posible mundo post-pandémico.

Cada vez está más difundida la idea de que las empresas saben quiénes somos y qué queremos, pero ¿cómo funciona realmente? Cada página que visitamos, cada búsqueda en Google que hacemos, o video que vemos, deja una marca, anónima en principio, que las empresas usan para publicitarnos productos similares. ¿Desde dónde navegamos? ¿A qué hora? ¿Desde qué dispositivo?  Toda esta información (incluso más) es recolectada, de modo que toda nuestra actividad dentro de internet queda registrada. No importa si tienen nuestro nombre o si somos un número, alguien sabe lo que nos interesa, lo que necesitamos, lo que nos gusta, a qué candidato o candidata votaríamos… Esto nos lleva a preguntarnos ¿quién tiene el poder de conocernos sin conocernos? ¿Para qué necesitan esta información?

En un contexto mundial donde los Estados adoptan distintas políticas para enfrentar la pandemia, Google dio a conocer los “informes de movilidad comunitaria”. Se trata de una serie de estadísticas que, utilizando el geolocalizador de teléfonos particulares y la aplicación Google Maps, refleja cómo impactaron  las medidas de aislamiento en la movilidad de las personas. La empresa sostiene “haber escuchado” a funcionarios de la salud pública afirmar que la información que recolecta Google Maps podría ser de utilidad para “decisiones críticas”, es decir, para asumir medidas frente al Covid-19.

Algunas voces no han dudado en caracterizar la iniciativa de Google como desinteresada, y en distinguirla de las impulsadas por algunos Estados asiáticos, que acceden a los datos personales de ciudadanos con el objetivo de llevar adelante medidas de prevención dirigidas. Pero, ¿por qué nos alarma que un Estado acceda a la información y no que una corporación multinacional sea capaz de retener para sí la información de toda la población mundial que disponga de su GPS activado? ¿Será que de alguna manera hemos naturalizado como autoritaria toda intervención estatal sobre la vida de las personas, y que nos pasa inadvertido el autoritarismo que a diario ejercen estas corporaciones?

Foucault afirma que “por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder”. Existe un cibercapitalismo que excede a cualquier Estado-Nación, cuya extensión es global, y que se erige como un gran panóptico cuyo poder se constituye sobre la propiedad de la información y su valor para el mercado. En el caso de los informes de movilidad de Google, que una sola corporación disponga de los datos de ubicación de la población mundial constituye todo un acto de poder. En un momento donde se recupera el discurso sobre el rol del Estado y la necesidad de no dejar las vidas a merced del mercado, queda expuesta la superioridad del capital globalizado por sobre cualquier soberanía nacional. Esto se refuerza mediante un discurso instalado que señala como autoritaria la apropiación de datos por parte del Estado, mientras que  la “política de privacidad” de Google, no menos apropiadora que la anterior, pasa desapercibida.

La capacidad de las empresas informáticas de recolectar y procesar información de cada uno de nuestros aspectos cotidianos representa un negocio multimillonario. Los informes sobre movilidad, los intentos por predecir gripes y otras iniciativas sumamente válidas que llevan adelante estas corporaciones, no son más que caridad frente al volumen de información que almacenan de nosotros. Dado que la recolección de información se genera dentro de las fronteras nacionales, no es raro pensar que los gobiernos podrían utilizar parte de esta información generada para plantear políticas públicas más eficientes. Es necesario repensar cómo deber ser la relación entre las empresas que explotan información privada con los Estados, de forma de lograr un vínculo sinérgico donde la capacidad de análisis de las empresas se complemente con la búsqueda del Estado por mejorar el relevamiento de información y la evaluación de sus políticas. Lejos de ser una idea utópica la posibilidad de generar procesos de vinculación nos lleva a formular distintas preguntas. ¿Qué tipo de interacciones debe haber entre las empresas y el gobierno para utilizar los datos para el bien común? ¿Hasta qué punto pueden apropiarse de los datos? ¿Cómo regulamos la información que puede recabarse? ¿Los términos y condiciones que aceptamos sin mirar, dada la longitud y la complejidad de esos acuerdos, deben tener un marco legal sobre el cuál sentarse?

Retomando a Byung-Chul Han, si es soberano quien dispone de los datos, entonces determinemos qué es lo privado y qué puede ser información y hagamos de los datos el insumo para una sociedad distinta, mejorando las políticas públicas coordinando entre quienes tienen la información y quienes toman decisiones que afectan a todos los que habitamos el país.