Los desafíos del acceso universal a internet

Si algo nos enseñó la pandemia (por si antes no nos había quedado claro) es que el uso de internet se volvió indispensable para el desarrollo de la vida humana. Durante la etapa de aislamiento obligatorio, muchxs trabajadorxs debieron adaptar su actividad laboral a la modalidad del teletrabajo; lxs estudiantes siguieron el ciclo lectivo de manera virtual; actividades cotidianas como una consulta médica, un trámite, una compra, debieron realizarse a distancia; también la comunicación con nuestros afectos, el acceso a la cultura y al entretenimiento, se vieron radicalmente transformados. Con el correr de los años, y aún más con la pandemia, internet se volvió un elemento constitutivo de nuestras acciones. ¿Podemos afirmar, entonces, que nuestra vida en sociedad y el ejercicio general de nuestros derechos requieren, para volverse efectivos, del acceso universal a internet? ¿Qué rol ocupan los Estados para garantizarlo? ¿Cómo y con qué criterios debería llevarse a la práctica?

Para poder adentrarnos en una posible respuesta, observemos primero la arquitectura de internet, es decir, cómo se construye realmente. Internet cuenta con capas, es decir, distintos niveles que se van articulando y estructurando uno sobre otro para que funcione tal como lo conocemos. Estas capas son: la infraestructura, compuesta por los cables submarinos, satélites y tendidos de fibra óptica; el hardware, es decir, los dispositivos o artefactos que son necesarios para la conectividad, como la pc, el celular, etc. pero también el modem o router y los servidores; el software, que incluye los navegadores, buscadores, los programas de cada página, etc; en cuarto lugar, los contenidos, que abarcan los textos, los audios, las imágenes que encontramos, y, por último, la red social, compuesta por usuarixs, moderadorxs y comunidades. Algunos de estos niveles, como el hardware y, sobre todo, la infraestructura, representan costos altísimos, y su producción se encuentra altamente concentrada en un puñado de empresas privadas, a diferencia de otras capas, como el software, donde la composición y los niveles de participación en su desarrollo son más heterogéneos. En estas últimas etapas la participación es mayor, ya que existen más posibilidades de acceso. Así, en estos niveles intervienen empresas privadas capitalistas, organismos estatales, comunidades de software libre y de código abierto, académicos, grupos comunitarios, entusiastas, etc. 

¿Por qué es importante diferenciar estos niveles? Porque reflexionar sobre el acceso universal requiere que nos preguntemos qué tipo de internet queremos. En la actualidad, la red se estructura como una pirámide invertida: su base está altamente concentrada en un pequeño grupo de empresas, mientras que los niveles superiores cuentan con un mayor nivel de democratización. Si el desafío consiste en garantizar el acceso universal, entonces es necesario plantear estrategias de participación y diversificación en cada uno de estos niveles.

En nuestro país el acceso a la conectividad es un tema de agenda desde hace ya varios años. Sin embargo, la pandemia nos mostró que persisten las desigualdades en el acceso y el uso de internet. Hace unos meses las tecnologías de la información y las comunicaciones fueron declaradas como un servicio público, esto permite que haya una regulación desde el Estado para garantizar la conectividad al conjunto de la población. Sin embargo, aún es necesario profundizar en los aspectos estructurales del acceso a internet, y su desarrollo y articulación con un proyecto económico, político y social que se abra hacia la soberanía tecnológica. Si entendemos que el acceso a la conectividad es un medio para garantizar nuestros derechos como ciudadanxs, tales como la educación, el trabajo, la libertad de expresión, entre otros, además de ser una herramienta que pueda potenciar un desarrollo nacional en clave de la economía del conocimiento, entonces una prestación básica universal es necesaria, pero no suficiente. En este sentido, el acceso a la conectividad debe complementarse con estrategias que fomenten y potencien la diversidad de usos e intervenciones posibles en las múltiples capas de internet por parte de la comunidad: la generación de contenidos, el desarrollo de nuevas herramientas informáticas y el armado de redes de infraestructura locales, por ejemplo.

Las reflexiones anteriores dan cuenta de los desafíos a la hora de proponer políticas públicas de inclusión tecnológica. Nos encontramos con que implementar el acceso universal a internet involucra múltiples dimensiones: ¿cómo se proveerá la infraestructura para la conexión? ¿de manera pública o privada? ¿con participación comunitaria o mediante acuerdos con privados? ¿Y el acceso a los dispositivos, cómo se garantiza? ¿qué tipo de software tendrán? Y en cuanto usuarixs, una vez que accedemos a la conectividad ¿qué uso le daremos? ¿cómo nos involucramos en los distintos niveles: contenidos, software, hardware etc.? En las decisiones políticas sobre estos y otros tantos aspectos de la conectividad se encuentran los lineamientos de las sociedades del futuro.