Hacia una política de los datos

Dos años atrás, en este mismo newsletter, nos preguntamos: “¿Por qué nos alarma que un Estado acceda a la información y no que una corporación multinacional sea capaz de retener para sí la información de toda la población mundial que disponga de su GPS activado? ¿Será que de alguna manera hemos naturalizado como autoritaria toda intervención estatal sobre la vida de las personas, y que nos pasa inadvertido el autoritarismo que a diario ejercen estas corporaciones?” 

Hace sólo unos días atrás se llevó a cabo en nuestro país el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, una política de Estado que tiene por objetivo obtener información estadística sobre la población, a partir del recuento exhaustivo de todas las personas y de todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional. Esta información permite no sólo saber cuántos somos y cuáles son nuestras condiciones socioeconómicas, sino que es un insumo importante para la formulación de políticas públicas. Por otro lado, este año se implementó por primera vez y de manera optativa el censo digital, un sistema que permitió completar el cuestionario desde cualquier dispositivo y de esta manera “autocensarse”, agilizando la recolección de información y la tarea del censista. Sin embargo, en el último tiempo esta innovación fue objeto de numerosas críticas, como la incorporación del DNI como dato en el formato digital del Censo (denuncia impulsada por

diversas organizaciones

desde el año pasado) o la vulneración de los datos personales, como

, que reveló un problema importante de falta de inversión estatal en materia de ciberseguridad. En este contexto, el Censo Nacional abrió nuevamente el debate no sólo por la protección de los datos, sino también por la recolección y el uso de los mismos por parte del Estado: ¿cuál es el sentido o el interés por esta información? ¿Cómo se la adquiere? ¿Es el Estado el único actor interesado en obtenerla, y para qué? 

Tal como Michael Foucault la define en Seguridad, territorio, población (2006), la estadística puede concebirse como “el conocimiento de las fuerzas y los recursos que en un momento dado caracterizan un Estado” (p. 320) y su surgimiento está vinculado al proceso de consolidación del Estado moderno, a partir del siglo XVII. Conocer los elementos del Estado (la cantidad y distribución de la población, las riquezas producidas y su circulación, etc.) permitía medir las fuerzas propias, establecer comparaciones frente a los Estados rivales y principalmente tomar decisiones de gobierno basadas en un conocimiento fáctico. En este sentido, la estadística se inscribe como una pieza fundamental de la biopolítica de la población, un poder orientado a la gestión de la vida, que involucra estrategias, prácticas y técnicas para intervenir sobre los problemas característicos de las poblaciones, como la natalidad, la salud pública, la vivienda, las migraciones, entre otros. De esta manera, el saber estadístico se revela como una cuestión de Estado desde su mismo nacimiento, en tanto es imposible que un gobernante tome decisiones (sobre todo si esperamos que sean apropiadas) si no conoce las características del territorio y de su población. 

En las últimas dos décadas fuimos testigos de la expansión masiva de las tecnologías para la extracción, almacenamiento y análisis de datos. Nuestra interacción cotidiana con dispositivos conectados a internet genera una cantidad enorme de información que es captada y procesada por algoritmos con el objetivo de conducir nuestras acciones, por ejemplo, para ofrecernos productos a través de publicidades cada vez más personalizadas, o para orientar nuestra navegación en las redes sociales de acuerdo con nuestras preferencias, etc. Estos datos son de alguna manera ¿anónimos?, en tanto no refieren directamente a un individuo singular e identificable, sino a la inferencia de cierta información sobre sus preferencias o intenciones, es decir, son más bien una categorización de la conducta con miras a comportamientos futuros.

Como afirma Fernanda Bruno

, se trata de un conocimiento que “

dice menos sobre las personas identificables personalmente (es decir, quiénes son estas personas desde el punto de vista de sus identidades civiles) que sobre sus acciones, comportamientos, elecciones, que pueden ser consecuentemente suscitadas, desviadas, orientadas, conjuradas

” (2013: p. 163). 

En este marco, podríamos afirmar que el fenómeno denominado como  “Big data”, tal como es puesto en práctica por las grandes corporaciones, como Google, Amazon o Meta (Facebook), recupera y a la vez toma distancia de las visiones y objetivos de la estadística tal como la describimos anteriormente. En ambos casos se trata de un conocimiento sobre la población, sobre sus características y posibles tendencias. En este sentido, ambos fenómenos podrían caracterizarse de acuerdo a la biopolítica, es decir, implican un poder que tiene por objetivo la gestión de la vida de las personas. Ahora bien, ¿de qué tipo de gestión de la vida estamos hablando? ¿de una orientada a mejorar las condiciones de nuestras comunidades? ¿o de una que se dispone a optimizar y conducir nuestras decisiones en términos del mercado? Es en este sentido que deberíamos trazar una línea divisoria entre el Estado y las corporaciones, o en tal caso preguntarnos cómo lograr que el poder sobre la vida, que se desprende de la captación y el uso de los datos, se organice de acuerdo al bien común.

Avanzar hacia una política de los datos implica recuperar la pregunta por sus usos y orientaciones, pero poniéndola en clave de una sociedad más justa y democrática. Una sociedad que cuide la integridad y la privacidad de las personas, que potencie y fortalezca nuestros lazos sociales y que construya comunidad. Una sociedad ya no conducida por los designios o los intereses de cierta clase, sino por los de nuestros pueblos.